"Estamos trabajando en hacer efectivas las subvenciones nominativas para poner en marcha un 0,7 que estabilice la financiación del Tercer Sector de forma ordinaria y sin sobresaltos", ha asegurado la ministra antes de inaugurar la Asamblea anual del CERMI.

 

Según ha recordado, una sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 impuso un nuevo modelo mixto del reparto de las subvenciones del 0,7 %, por el que las autonomías asumen el 80 % de las mismas y el Estado el 20 %.

 

Pero con la X Solidaria del Impuesto de Sociedades que entrará en vigor en julio, por el que las empresas interesadas destinarán el 0,7 % a programas sociales, la idea es que la cantidad recaudada por este concepto "vaya destinado a los de las entidades de ámbito estatal" y el 0,7 % del IRPF a los que son de acción directa.Con ello, Carcedo confía en que "una vez se separen bien las fuentes de financiación", el nuevo modelo pueda dar "estabilidad financiera al sector" y "se pueda despejar esa situación de incertidumbre y viabilidad de determinados programas".

 

Otros "flecos" que espera resolver si sigue al frente de Sanidad -una decisión que, ha respondido al ser preguntada por ello, es "competencia exclusiva del presidente del Gobierno"- es la reforma de la Constitución y de leyes como la hipotecaria o de enjuiciamiento civil para reforzar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual o los mayores.

 

También ha abogado por profundizar en la accesibilidad universal y el desarrollo del real decreto que modifica la ley de propiedad horizontal para obligar a las comunidades de propietarios a hacer las obras necesarias para adaptar el acceso a las viviendas.

 

Por su parte, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, ha añadido la importancia de que se erradiquen las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad y que se modifique el Convenio de Oviedo para garantizar los derechos de las personas con enfermedad mental.

 

En su Asamblea, el Cermi ha tratado cuestiones como la aprobación de memorias de actividad y presupuestos y otras de las principales cuestiones de la agenda política de las personas con discapacidad. 

 

Fuente: EFE